La Seguridad Ciudadana en el programa del candidato oficialista

De cara al país — en agosto 17, 2012 a las 11:44 AM
La ausencia de políticas integrales de seguridad ciudadana y la aplicación de medidas erradas durante los últimos 14 años, han convertido a Venezuela en uno de los países más violentos del mundo. De tener 4.550 homicidios en 1998, pasamos a 19.336 asesinatos en 2011. Todos los índices criminales han aumentado sostenidamente en este período. El Gobierno ha aplicado 18 “planes” contra la inseguridad sin obtener ningún resultado positivo. La “Propuesta para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019″ y la misión “A Toda Vida Venezuela”, constituyen el decimonoveno proyecto oficialista, y todo indica que igualmente se convertirá en un nuevo fracaso. Diversos elementos nos permiten realizar esta afirmación.
Abordar un tema tan complejo como la inseguridad ciudadana a través de una “misión”, ya es sinónimo de improvisación. Las medidas destinadas a resguardar la vida y los bienes de los venezolanos, deben ser concebidas como verdaderas políticas de Estado. Por otra parte, el alcance de la misión “A Toda Vida Venezuela” es limitado, ya que está enfocado solo a 79 de los 335 municipios del país. Asimismo, va a ser aplicada por los mismos funcionarios que reiteradamente han fracasado en el control de la violencia en Venezuela. Después de 14 años en el poder, el Gobierno central no está para presentar nuevos “planes”, sino para rendir cuentas a los ciudadanos. La reciente sexta reforma del Código Orgánico Procesal, enmarcada en el nuevo “plan” del oficialismo, la cual fue aprobada inconstitucionalmente por vía de la Ley Habilitante, contiene una serie de elementos que son contrarios al debido proceso.
De igual forma, la misión “A Toda Vida Venezuela” contempla la necesidad de transformar el sistema de justicia, la cual constituye una vieja promesa incumplida por parte de este Gobierno. En efecto, en 1999 se instaló la Comisión de Emergencia Judicial, la cual excluyó del Poder Judicial a la gran mayoría de los jueces de carrera y terminó colocando en las máximas instancias de la justicia a fichas políticas como Eladio Aponte Aponte, el cual recientemente confesó el grado de corrupción de buena parte del sistema de administración de justicia en Venezuela. El Ministerio Público y los tribunales del país son un sinónimo de impunidad, ya que hoy únicamente 8 de cada 100 criminales son efectivamente acusados. En la actualidad, el 66% de los ciudadanos no denuncia los delitos de los cuales son objeto.
El desarme de la delincuencia es otra de las acciones señaladas en el Programa de Gobierno oficial. Lo cierto es que desde el año 2002 existe vigente en Venezuela una Ley para el Desarme que ha sido letra muerta. Asimismo, en los últimos años nos hemos convertido en uno de los mayores países importadores de armas en el mundo. Para nadie es un secreto que en diversas zonas del país funcionan grupos armados que han suplantado la autoridad del Estado y mantienen sometidos a los habitantes de estos sectores. El Gobierno central pareciera no tener verdadera voluntad política para desarmar a los que a diario cometen fechorías contra los ciudadanos honestos.
Las policías estadales y municipales han sido desarmadas y debilitadas por la acción del Gobierno central. La politiquería ha perjudicado la seguridad ciudadana de los venezolanos. Asimismo, la Policía Nacional, cuya creación fue un mandato de la Constitución de 1999, solo funciona hoy en 3 parroquias de la ciudad de Caracas. El propio candidato del continuismo ha afirmado que hoy el 80% de las policías no presta el servicio de patrullaje. Asimismo, aseguró que el 78% deben rotarse las armas, ya que no poseen las suficientes. Un precario saldo rendido por el mismo jefe de Estado afirma que se ha despilfarrado más de un billón de dólares durante su gestión.
La transformación del sistema carcelario es otro de los anzuelos electoreros de la nueva “Misión”. Ya el Gobierno ha fracasado anteriormente con el “Plan de Humanización Carcelaria” iniciado en 2006 y también con la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Después de 14 años, nuestros penales se han convertido en los más peligrosos del continente. Verdaderas escuelas de criminales que no cumplen con la función de reinsertar socialmente a los reclusos.
El presupuesto del país ha venido siendo diseñado y ejecutado alejado de la primera preocupación de los venezolanos. Igualmente, el Ejecutivo nacional no ha estado dispuesto a trabajar con gobernadores y alcaldes, por razones de mezquindad política. El discurso del jefe de Estado en los últimos 14 años ha sido de odio y división, factor que indudablemente ha incidido en el aumento de la violencia.

Este Gobierno ha fallado en las áreas de prevención y sanción del delito, así como en la transformación del sistema carcelario. Se puede afirmar que la actual administración no pudo definitivamente con la violencia. El mayor riesgo de la aplicación de la propuesta continuista en materia de seguridad ciudadana, es que Venezuela sufra 6 años más de aumento continuo de los índices de criminalidad.