Derechos humanos y elecciones regionales
Por: Leonardo Montilla
La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano, no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos o posturas inherentes a la persona; el poder público está sujeto al derecho constitucional, que rige las fuentes objetivas y subjetivas de ese Estado, cuya razón de ser es el bien común, el respeto ciudadano y la vida en armonía social.
Una de las características resaltantes del mundo moderno es el reconocimiento que todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos naturales que la sociedad no puede arrebatarle lícitamente. Estos derechos no dependen de su reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas; tampoco dependen de la nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual pertenezca. Son derechos universales que corresponden a todo habitante de la tierra. La expresión más notoria de esta gran conquista es el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
El fundamento de este criterio es doctrinal. Para las escuelas del derecho natural, los derechos humanos son la consecuencia normal de que el orden jurídico tenga su arraigo esencial en la naturaleza humana. Las bases de justicia natural que emergen de dicha naturaleza deben ser expresadas en el derecho positivo, siendo además luchas y logros del desarrollo de la civilización que siempre ha buscado la paz como armonía entre los seres humanos.
Los venezolanos hoy presenciamos las más brutales contradicciones que ocurren en la relación Estado-ciudadano-derechos humanos, al ver cómo la Constitución, norma de convivencia y cohabitación de la República es violentada desde las más altas instancias del Poder Público Nacional, conducido circunstancialmente con una evidente visión militarista y antidemocrática.
El Poder Público Nacional está constituido por todas aquellas instituciones u órganos del Gobierno señaladas en Nuestra Carta Fundamental, con competencia a nivel nacional, por lo tanto su funcionamiento o competencia corresponde a las disposiciones constitucionales, hacer lo contrario es actuar contra la República y contra sus ciudadanos. Violando los derechos inherentes a la dignidad de convivencia pacífica y civilizada. El CNE representante del Poder Electoral viola la Constitución, el derecho a la organización y participación política de los venezolanos y obstruye la convivencia social en paz y armonía al estar en mora con las elecciones regionales. El sistema democrático tiene en el voto y en las elecciones un instrumento fundamental para dirimir los conflictos sociales y políticos en paz y civilizadamente. El discurso obsoleto y primitivo de la izquierda fracasada chavista solo expresa violencia y desconocimiento de la dignidad humana.
En una breve reseña histórica constitucional de occidente, nuestra concepción en derechos humanos y poder público se define conociendo que fue en Inglaterra donde emergió el primer documento significativo que establece limitaciones de naturaleza jurídica al ejercicio del poder del Estado frente a sus llamados súbditos: la Carta Magna de 1215, la cual junto con el Hábeas Corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689, pueden considerarse como precursores de las modernas declaraciones de derechos. Estos documentos, que si bien, no se basan en derechos inherentes a la persona sino en conquistas de la sociedad, muestran los derechos del pueblo en relación al uso del poder, establecen los deberes para el gobierno con la población; ahí es donde nace la obligación de la institución gobierno como parte del Estado para con la gente. Es decir el poder público sirve, no se sirve.
Desde el momento que se reconoce y garantiza en la Constitución que hay derechos del ser humano inherente a su misma condición, anterior y superior al poder del Estado, se está limitando el ejercicio del mismo, al cual le está negado afectar el goce pleno de aquellos derechos. El CNE ha aprobado unas normas de legalización de las organizaciones con fines políticos que son un intento más en violar los derechos humanos de los venezolanos, retrasan y se hacen eco de la política del Psuv en retrasar las elecciones. Gobernadores y legisladores tienen su periodo vencido. La lucha ciudadana es por el respeto a los derechos humanos, a los derechos sociales. Maduro y su élite hunde la patria en una autocracia militarista. Venezuela no se rinde.
@LeoMontilla
Una de las características resaltantes del mundo moderno es el reconocimiento que todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos naturales que la sociedad no puede arrebatarle lícitamente. Estos derechos no dependen de su reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas; tampoco dependen de la nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual pertenezca. Son derechos universales que corresponden a todo habitante de la tierra. La expresión más notoria de esta gran conquista es el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
El fundamento de este criterio es doctrinal. Para las escuelas del derecho natural, los derechos humanos son la consecuencia normal de que el orden jurídico tenga su arraigo esencial en la naturaleza humana. Las bases de justicia natural que emergen de dicha naturaleza deben ser expresadas en el derecho positivo, siendo además luchas y logros del desarrollo de la civilización que siempre ha buscado la paz como armonía entre los seres humanos.
Los venezolanos hoy presenciamos las más brutales contradicciones que ocurren en la relación Estado-ciudadano-derechos humanos, al ver cómo la Constitución, norma de convivencia y cohabitación de la República es violentada desde las más altas instancias del Poder Público Nacional, conducido circunstancialmente con una evidente visión militarista y antidemocrática.
El Poder Público Nacional está constituido por todas aquellas instituciones u órganos del Gobierno señaladas en Nuestra Carta Fundamental, con competencia a nivel nacional, por lo tanto su funcionamiento o competencia corresponde a las disposiciones constitucionales, hacer lo contrario es actuar contra la República y contra sus ciudadanos. Violando los derechos inherentes a la dignidad de convivencia pacífica y civilizada. El CNE representante del Poder Electoral viola la Constitución, el derecho a la organización y participación política de los venezolanos y obstruye la convivencia social en paz y armonía al estar en mora con las elecciones regionales. El sistema democrático tiene en el voto y en las elecciones un instrumento fundamental para dirimir los conflictos sociales y políticos en paz y civilizadamente. El discurso obsoleto y primitivo de la izquierda fracasada chavista solo expresa violencia y desconocimiento de la dignidad humana.
En una breve reseña histórica constitucional de occidente, nuestra concepción en derechos humanos y poder público se define conociendo que fue en Inglaterra donde emergió el primer documento significativo que establece limitaciones de naturaleza jurídica al ejercicio del poder del Estado frente a sus llamados súbditos: la Carta Magna de 1215, la cual junto con el Hábeas Corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689, pueden considerarse como precursores de las modernas declaraciones de derechos. Estos documentos, que si bien, no se basan en derechos inherentes a la persona sino en conquistas de la sociedad, muestran los derechos del pueblo en relación al uso del poder, establecen los deberes para el gobierno con la población; ahí es donde nace la obligación de la institución gobierno como parte del Estado para con la gente. Es decir el poder público sirve, no se sirve.
Desde el momento que se reconoce y garantiza en la Constitución que hay derechos del ser humano inherente a su misma condición, anterior y superior al poder del Estado, se está limitando el ejercicio del mismo, al cual le está negado afectar el goce pleno de aquellos derechos. El CNE ha aprobado unas normas de legalización de las organizaciones con fines políticos que son un intento más en violar los derechos humanos de los venezolanos, retrasan y se hacen eco de la política del Psuv en retrasar las elecciones. Gobernadores y legisladores tienen su periodo vencido. La lucha ciudadana es por el respeto a los derechos humanos, a los derechos sociales. Maduro y su élite hunde la patria en una autocracia militarista. Venezuela no se rinde.
@LeoMontilla
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