Venezuela sin Derechos Humanos
Por: Leonardo Montilla
En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978. Veinticinco naciones Americanas han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
La Corte Interamericana tiene 37 años de funcionamiento, en los cuales ha acompañado los pueblos de América en la transformación de sus realidades sociales, políticas e institucionales. A lo largo de este camino, según informe 2017, ha resuelto más de 200 casos, dictado más de 300 sentencias, emitido más de un cúmulo de opiniones consultivas, así como brindado inmediata protección a personas, grupos y organizaciones de ciudadanos a través de su función cautelar.
La aplicación del derecho internacional público, sustentado en el derecho consuetudinario hace que las labores de la Corte Interamericana no terminen cuando una resolución, sentencia o una opinión consultiva es emitida. La efectiva protección de los derechos humanos de las personas adquiere una materialización real a través del diálogo dinámico con instituciones nacionales sólidas, que sean expresión del respeto a la Constitución, particularmente las jurisdiccionales. Bajo esta dinámica, son los propios operadores nacionales los que a través del diálogo jurisprudencial y un adecuado control de convencionalidad, siempre en el marco de las competencias establecidas, dotan de valor real a las decisiones de la Corte Interamericana. Es decir, si existen características de un Estado Democrático, estas decisiones son adoptadas en el marco de los desarrollos civiles y de aplicabilidad en derechos que tenemos los ciudadanos, caso contrario el deterioro de una sociedad es continuo y permanente.
En la actualidad se manifiesta cada vez más las obligaciones convencionales de respetar y garantizar los derechos humanos, conjuntamente con las autoridades internas. Las organizaciones internacionales buscan los mecanismos de control sin que esto implique violación al precepto de soberanía. De esa manera los gobiernos civilizados lo asumen adecuando su legislación y aplicabilidad a estos avances del mundo civilizado.
El gobierno de Venezuela desde el año 2013, se conflictó con el sistema interamericano de Derechos Humanos. Con un accionar propio de los regímenes dictatoriales, los derechos humanos en Venezuela solo son asumidos por quienes dirigen el Estado como parte de sus discursos populistas tal como corresponde a la izquierda fracasada en Latinoamérica cuyo principal mentor fue el fallecido presidente Chávez. Los venezolanos hoy presenciamos las más brutales contradicciones que ocurren en la relación Estado-ciudadano-derechos humanos, al ver cómo la Constitución, norma de convivencia y cohabitación de la República es violentada desde las más altas instancias del Poder Público Nacional, conducido circunstancialmente con una evidente visión militarista y antidemocrática.
La situación de hambre, miseria y falta de oportunidades, el conculcamiento de los derechos políticos y ciudadanos, la represión como elemento generador de más violencia, el aislamiento a la instrumentación de control y percepción internacional en derechos son muestras del abandono de los derechos humanos en Venezuela por parte de la élite militar cívico. Un llamado de alerta colectivo es la falta de Derechos Humanos en Venezuela.
@LeoMontilla
La Corte Interamericana tiene 37 años de funcionamiento, en los cuales ha acompañado los pueblos de América en la transformación de sus realidades sociales, políticas e institucionales. A lo largo de este camino, según informe 2017, ha resuelto más de 200 casos, dictado más de 300 sentencias, emitido más de un cúmulo de opiniones consultivas, así como brindado inmediata protección a personas, grupos y organizaciones de ciudadanos a través de su función cautelar.
La aplicación del derecho internacional público, sustentado en el derecho consuetudinario hace que las labores de la Corte Interamericana no terminen cuando una resolución, sentencia o una opinión consultiva es emitida. La efectiva protección de los derechos humanos de las personas adquiere una materialización real a través del diálogo dinámico con instituciones nacionales sólidas, que sean expresión del respeto a la Constitución, particularmente las jurisdiccionales. Bajo esta dinámica, son los propios operadores nacionales los que a través del diálogo jurisprudencial y un adecuado control de convencionalidad, siempre en el marco de las competencias establecidas, dotan de valor real a las decisiones de la Corte Interamericana. Es decir, si existen características de un Estado Democrático, estas decisiones son adoptadas en el marco de los desarrollos civiles y de aplicabilidad en derechos que tenemos los ciudadanos, caso contrario el deterioro de una sociedad es continuo y permanente.
En la actualidad se manifiesta cada vez más las obligaciones convencionales de respetar y garantizar los derechos humanos, conjuntamente con las autoridades internas. Las organizaciones internacionales buscan los mecanismos de control sin que esto implique violación al precepto de soberanía. De esa manera los gobiernos civilizados lo asumen adecuando su legislación y aplicabilidad a estos avances del mundo civilizado.
El gobierno de Venezuela desde el año 2013, se conflictó con el sistema interamericano de Derechos Humanos. Con un accionar propio de los regímenes dictatoriales, los derechos humanos en Venezuela solo son asumidos por quienes dirigen el Estado como parte de sus discursos populistas tal como corresponde a la izquierda fracasada en Latinoamérica cuyo principal mentor fue el fallecido presidente Chávez. Los venezolanos hoy presenciamos las más brutales contradicciones que ocurren en la relación Estado-ciudadano-derechos humanos, al ver cómo la Constitución, norma de convivencia y cohabitación de la República es violentada desde las más altas instancias del Poder Público Nacional, conducido circunstancialmente con una evidente visión militarista y antidemocrática.
La situación de hambre, miseria y falta de oportunidades, el conculcamiento de los derechos políticos y ciudadanos, la represión como elemento generador de más violencia, el aislamiento a la instrumentación de control y percepción internacional en derechos son muestras del abandono de los derechos humanos en Venezuela por parte de la élite militar cívico. Un llamado de alerta colectivo es la falta de Derechos Humanos en Venezuela.
@LeoMontilla
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