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Jesus Caldera Infante--opinión

FUE ACTIVADA LA INTERVENCIÓN JUDICIAL HUMANITARIA

POR: JESÚS CALDERA YNFANTE. PHD. 
Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, Iván Duque de Colombia, Sebastián Piñera de Chile, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Martín Vizcarra Cornejo de Perú y el Primer Ministro de Canadá Juan Trudeau, realizaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) este miércoles 26 de Septiembre de 2018 (al final pueden ver el documento en pdf.),  para que se investiguen supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril del año 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro Moros, creando de esta manera una situación inédita en el tribunal, nunca antes, desde la entrada en funciones de ese tribunal con sede en la Haya (Holanda) se había dado el caso de que Estados parte del Estatuto de Roma (norma internacional creada por la CPI), solicitaran abrir un procedimiento contra otro Estado miembro.
Lo que hace especial esta actuación, es que quienes presentan la denuncia son jefes de Estado y de Gobierno, todos los casos anteriores desde la creación del tribunal, obedecieron al trabajo de documentación de organizaciones de derechos humanos los cuales fueron presentados ante la fiscalía de la CPI.
En este caso,  los Jefes de Estado reconocen la actuación de la Fiscal Venezolana, en el exilio, Luisa Ortega Díaz como base para la apertura de una causa ya en curso que, con la histórica denuncia de los citados mandatarios, tendrá que ser tramitada con la mayor celeridad ante la continuidad de los actos criminales que se siguen dando en Venezuela contra la población civil y líderes políticos y sociales de la oposición.
Dicha actuación pone de manifiesto la figura que he denominado hace un tiempo atrás como INTERVENCIÓN JUDICIAL HUMANITARIA, la cual consiste en  una actuación procesal de injerencia humanitaria de tipo judicial ante la Corte Penal Internacional, para que investigue, juzgue y sancione a Nicolás Maduro Moros y los máximos responsables de delitos contra la humanidad, ejecutados de forma sistemática, dolosa y generalizada  contra la población civil opositora y actores sociales, políticos y económicos que resisten la opresión venezolana instrumento del terror cubano.
Así como toda autoridad está en el deber de denunciar cuando tiene conocimiento de un hecho punible, salvando las diferencias, por analogía iuris, los jefes de Estado están obligados a denunciar a los responsables de crímenes atroces.
A diferencia de los casos que son llevados ante otros organismos, como por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde la responsabilidad es del Estado, en los juicios que son llevados ante la Corte Penal Internacional la responsabilidad resulta individual, razón por la cual no se va en contra del Estado venezolano, sino en contra de las personas señaladas por violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, es decir, a Nicolás Maduro y a toda la cadena de mando responsable de que ocurrieran tales hechos.
Hagamos una explicación de las implicaciones de esa actuación ante la CPI:
Artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:
“Remisión de una situación por un Estado Parte: Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas. 
En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante.”

Consideraciones:
  1. Se denomina remisión del caso para revisión ante la CPI pero en la práctica reúne las características procesales de una Denuncia;
  2. Las evidencias son las recogidas por la Fiscal venezolana en el exilio, el Grupo de Expertos Internacionales Independientes de la OEA y la Oficina del Alto Mando para los DDHH de las Naciones Unidas, junto a un grupo significativo de ONG´S defensoras de los DDHH;
  3. La Fiscalía de la CPI ahora debe entrar a conocer directamente de la denuncia (remisión) del caso que los Estados partes le hicieron llegar para su inmediata investigación sin necesidad de examen preliminar de la situación y sin dilaciones indebidas;
  4. Es la primera vez que un grupo de Estados parte denuncian a un presidente de la República en ejercicio de sus funciones junto a sus cómplices y copartícipes por delitos de lesa humanidad y crímenes atroces;
  5. La CPI ante la contundencia de las evidencias probatorias, elementos de convicción, documentos y medios de prueba pudiera dictar medida cautelar contra los denunciados investigados por la situación de macro criminalidad que se ejecuta contra actores sociales, políticos y económicos opositores a la dictadura totalitaria venezolana marioneta de la opresión cubana;
  6. Las víctimas ahora pueden adherirse a la denuncia interpuesta por el grupo de Presidentes latinoamericanos y el primer ministro de Canadá, pidiendo la acumulación de sus denuncias a la remisión del caso que estos elevaron a la CPI para mantener la unidad de la causa por ser las mismas víctimas, hechos y delitos atroces a ser investigados, juzgados y sancionados;
  7. La OEA puede seguir coadyuvando en la denuncia ante la CPI, su experticia y sus dictámenes probatorios pueden ser promovidos como pruebas en el posible juicio que se siga contra el tirano Nicolás Maduro Moros y sus secuaces;
  8. Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá pertenecen al Grupo de Lima, los cuales obrando como un bloque de países amigos de la causa libertaria de Venezuela, pueden adherirse a la denuncia presentada por los Presidentes Latinoamericanos y el Primer Ministro de Canadá en contra Nicolás Maduro Moros y sus esbirros;
  9. Los Presidentes, Jefes de Estado o de Gobierno de países que sean Estado parte de la CPI, amigos de la causa libertadora venezolana, que quieran sumarse, pueden adherirse a la denuncia presentada por los Presidentes amigos latinoamericanos y el Primer Ministro de Canadá; en contra de Nicolás Maduro y su cadena de mando;
  10. Los países civilizados y defensores de la democracia y la vigencia de los DDHH que han desconocido el régimen dictatorial fraudulento de Nicolás Maduro Moros deben retirar sus embajadores de Venezuela mientras persista la usurpación del cargo presidencial y dejar en funcionamiento meras actividades consulares como medio de presión diplomática internacional;
  11. Los países que han rechazado la impostura inconstitucional de Nicolás Maduro Moros deben impedir que en su jurisdicción y sus empresas realicen negocios con un régimen que comete crímenes atroces contra la humanidad.
  12. No queda duda que los Jefes de Estado denunciantes pueden ser considerados parte dentro del proceso con capacidad de postulación para designar representantes, ejercer actuaciones judiciales y contar con garantías procesales para que la denuncia sea tramitada en derecho y no haya impunidad.
Después de la actuación realizada por los seis Jefes de Estado, todo lo que ocurra dentro del proceso, será de suma importancia ya que sentará un precedente, de no existir la colaboración de las partes, quizás sea un procedimiento tardío, como ocurrió con el caso del Presidente de Sudán Omar al-Bashir, en el año 2008 la fiscalía de la Corte Penal Internacional, acusó al mandatario sudanés de cargos de genocidio por crímenes de guerra cometidos en la región de Darfur, llevando consigo el título de primer Jefe de Estado en Funciones en ser imputado por esa instancia.
Aún Omar al-Bashir no se encuentra tras las rejas, pero en el 2009 y 2010 la CPI emitió dos órdenes de captura en su contra, las cuales le imposibilitan para realizar viajes a otros países; en el año 2015 el Jefe de Estado sudanés se encontraba en la Cumbre de la Unión Africana y tuvo que huir apresuradamente de Sudáfrica para evadir la orden de un juez local que acordó su arresto para cumplir con la decisión de la CPI, todo ello porque los países firmantes del Estatuto de Roma están en la obligación de capturar a las personas imputadas por la Corte Penal Internacional.
Es por ello que todos los actores sociales, políticos y económicos de Venezuela, dentro y fuera del país debemos apoyar esta actuación ante la CPI de los altos mandatarios amigos de la causa venezolana, para que los crímenes de lesa humanidad de los agentes de la dictadura no queden impunes y que podamos incrementar la presión interna y externa para lograr el quiebre definitivo de la tiranía venezolana, marioneta de la cubana, para restablecer la democracia, el orden constitucional y la vigencia efectiva de los DDHH en nuestra patria, los tiranos tienen la soga al cuello, cada vez se sienten más acorralados, más temprano que tarde la luz vencerá a las tinieblas.
Oremos y luchemos.
¡Los buenos somos más!
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