Venezuela, Justicia y Derechos Humanos 2020

Venezuela, Justicia y Derechos Humanos, 2020

                                                                     Leonardo Montilla

En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978. En el año 2017, veinticinco naciones americanas ratificaron los acuerdos de tan significativo logro civilizatorio, la Convención subía nuevamente como parte integral de la visión democrática de Estado en un liderazgo que superaba en mayoría, a pesar de, los viejos y autocráticos esquemas izquierdosos de gestión pública. Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

La Corte Interamericana tiene 37 años de funcionamiento, en los cuales ha intentado acompañar los pueblos de América en la transformación de sus realidades sociales, políticas e institucionales. A lo largo de este camino, según informe 2017, ha resuelto más de 200 casos, dictado más de 300 sentencias, emitido más de un cúmulo de opiniones consultivas, así como brindado inmediata protección a personas, grupos y organizaciones de ciudadanos a través de su función cautelar. En algunos casos, la presión de gobiernos simpatizantes de chequeras como la venezolana, han torpedeado la búsqueda de justicia en materia de derechos inherentes al ser. Una actuación, que repito, Latinoamérica, aun con las profundas injusticias sociales que no terminan de reducirse, busca dejar en el pasado.

La aplicación del derecho internacional público, sustentado en el derecho consuetudinario hace que las labores de la Corte Interamericana no terminen cuando una resolución, sentencia o una opinión consultiva es emitida. La efectiva protección de los derechos humanos de las personas adquiere una materialización real a través del diálogo dinámico con instituciones nacionales sólidas, que son expresión del respeto a la Constitución, particularmente las jurisdiccionales. Bajo esta dinámica, son los propios operadores nacionales los que, a través del diálogo jurisprudencial y un adecuado control de convencional, siempre en el marco de las competencias establecidas, dotan de valor real a las decisiones de la Corte Interamericana.

 Es decir, si existen características de un Estado Democrático, estas decisiones son adoptadas en el marco de los desarrollos civiles y de aplicabilidad en derechos que tenemos los ciudadanos, caso contrario el deterioro de una sociedad es continuo y permanente.

En la actualidad se manifiesta cada vez más las obligaciones convencionales de respetar y garantizar los derechos humanos, conjuntamente con las autoridades internas. Las organizaciones internacionales buscan los mecanismos de control sin que esto implique violación al precepto de soberanía. De esa manera los gobiernos civilizados lo asumen adecuando su legislación y aplicabilidad a estos avances del mundo civilizado.

El gobierno de Venezuela desde el año 2013, se conflictuó con el sistema interamericano de Derechos Humanos. Con un accionar propio de los regímenes dictatoriales, los derechos humanos en Venezuela solo son asumidos por quienes dirigen el Estado, como parte de sus discursos populistas, tal como corresponde a la izquierda fracasada en Latinoamérica, cuyo principal mentor fue el fallecido Hugo Chávez. Los venezolanos hoy presenciamos las más brutales contradicciones que ocurren en la relación Estado-ciudadano-derechos humanos, al ver cómo la Constitución, norma de convivencia y cohabitación de la República es violentada desde las más altas instancias del Poder Público Nacional, conducido circunstancialmente con una evidente visión militarista y antidemocrática. Hecho grave, es ver como ante el diario protestar y reclamo de la ciudadanía por la falta de gasolina y gas, que no es solo la falta de estos bienes que dificultan aún más los bajos niveles de vida que ya tenemos, implica también, el evidente deterioro moral y ético, convertido en una escandalosa corrupción que compromete a quienes están obligados a velar por el bien común. De la misma manera la terrible realidad de nuestros médicos y los demás trabajadores de la salud que desde la primera línea de lucha contra el virus chino, lo hacen en las peores condiciones para su protección.

La situación de hambre, miseria y falta de oportunidades, el conculcamiento de los derechos políticos y ciudadanos, la represión, la judicialización como elemento generador de más violencia, el aislamiento a la instrumentación de control y percepción internacional en derechos son muestras del abandono de los derechos humanos en Venezuela por parte de la élite militar cívica usurpadora.

2020, en medio de la endemia provocada por el Covid 19, se presenta con una contundente destrucción del Estado constitucional, para dar paso a un Estado de facto, el cual busca mantener la élite oficialista en la usurpación del poder, mediante elecciones irritas e ilegales, convocadas por quienes controlan legítimamente el gobierno. Un país que no es república, con una profunda crisis humanitaria compleja, sin constitución, es una evidente forma de desaparición de los derechos humanos. La sobrevivencia en el país es el día a día de sus ciudadanos, la falta de profesionalismo en la atención de la pandemia, ha hecho más drástica la concientización de que parte de esta tragedia que padecemos es porque en el país no hay Derechos Humanos, El Estado de Facto que dirige la usurpación en todos sus niveles, se encarga en cada actuación de ir minimizándolos y casi desapareciéndolos. Un llamado de alerta colectivo, las razones sobran.

@LeoMontilla