Elecciones de gobernadores
Por: Héctor Díaz
Los actuales gobernadores y diputados regionales tienen el periodo vencido desde diciembre del año pasado, el gobierno por la vía de una maniobra, conjuntamente con el poder electoral, han pretendido desconocer la voluntad de un pueblo en su legítimo derecho al sufragio y de escoger sus autoridades, allí se desprende la anti-cultura democrática de un régimen cuando vulnera los principios constitucionales y se coloca al margen de la legalidad. Cuando el propio gobierno conoce en profundidad, ya que sus encuestas así lo determinan, que cualquier proceso electoral, desde una simple escogencia de una directiva para unas fiestas patronales de cualquier caserío, irremediablemente, la pierden. Es el pánico que ya sucumbe al gobierno y lo vuelve torpe frente a grandes decisiones que tiene que tomar en cualquier materia de estado, no solamente es el temor a perder el poder, es que ellos saben que tienen que rendirle cuentas al país del desastre económico, de la millonada de dólares que se han robado, de la violación de los derechos humanos, de su complicidad con el narcotráfico y sus vínculos con el terrorismo internacional; allí es donde radica el espantoso pavor que tienen cuando este pueblo se exprese, de una manera democrática y los expulse del poder.
Las elecciones de gobernadores y legisladores regionales tienen que darse en este semestre, igualmente, la legalización de todos los partidos políticos y grupos de electores ya que esa es la base de la democracia y sería una válvula de escape frente a la olla de presión que está a punto de estallar, entendiendo que no sería la solución definitiva al problema político que atravesamos los venezolanos, pero si un aliviadero que permitiría desplazar en cada una de las regiones los llamados satélites de Miraflores ya que en eso es que se han convertido, desvirtuando totalmente la descentralización y la autonomía regional.
Los factores democráticos e incluyendo quienes giran alrededor del polo patriótico, deben entender el grave peligro que corren sus estructuras partidistas al no darse la plena libertad de legalización, renovación, así como, el surgimiento de nuevos movimientos políticos nacionales, regionales y locales a efectos de postular, con la mayor autonomía, sus candidatos a las gobernaciones, legisladores regionales y en las elecciones municipales, sus alcaldes y concejales; el PSUV en su cultura hegemónica aspira y desea convertirse en un partido único y que el resto de sus aliados pierdan sus espacios electorales e ideológicos, esa es una aberración anti-democrática, pero también ocurriría lo mismo con la MUD al pretender convertirse en un partido único, cuestión que lo han venido haciendo y la mejor demostración fue el proceso parlamentario pasado donde lograron ubicar, por primera vez en la historia democrática del país, 113 parlamentarios nacionales, pero con la diferencia que la MUD es un club de partidos políticos cuya única dirección es la electoral, pero no existe en su seno una estructura que direccione la propuesta de un proyecto país, de un modelo económico que contraste con el actual e igualmente, un diseño social que le permita a cada uno de los venezolanos diferenciar entre la oferta del mal llamado “socialismo del siglo XXI” y el proyecto democrático.
El CNE debe deslastrarse de las líneas partidistas de Miraflores y asumir su rol constitucional que permita que el venezolano vuelva a tener confianza en el organismo electoral, permitirle al poder legislativo el nombramiento de los nuevos rectores de una manera transparente, mantener su autonomía frente al resto de los poderes ya que la decisión tomada por la sala electoral en contra de los diputados de Amazona, es el mayor reflejo del nivel de postración, así como la sentencia de un tribunal penal en contra del revocatorio. Esos indicios de ser unos arrastrados frente al poder político de Miraflores y de no generar el cronograma electoral regional y la legalización de los partidos, puede encender nuevamente la pradera.
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